Ochentainueve oficiales de ley y orden mancharon sus uniformes junto a 44 civiles por presuntamente participar en una conspiración para el tráfico de drogas.
Los arrestos de hoy son el resultado del operativo “guardshack” denominado la investigación más garande en la historia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
En el mega operativo, en el que participaron aproximadamente 1,000 agentes del FBI, se arrestaron a un teniente y a un sargento de la Policía así como a otros 58 oficiales de la uniformada , 16 policías municipales, 12 oficiales del Departamento de Corrección, tres soldados de la Guardia Nacional , dos oficiales del Ejército de los Estados Unidos, siete ex oficiales de ley y orden, una oficial examinadora de ASUME, un empleado de la administración de Seguro Social y 30 civiles.
Durante una rueda de prensa en Puerto Rico en la que participó la fiscal María Dominguez, el Director del FBI Luis Fraticelli y el Superintendente de la Policía José Figueroa Sancha, entre otros se informó que la pesquisa fue iniciada en el 2008, cuando Figueroa Sancha era subdirector del FBI.
Las acusaciones son resultado de 125 transaccciones de drogas conducidas por el FBI en varias localizaciones en Puerto Rico desde julio de 2008 hasta septiembre de 2010.
La participación de los acusados durante estas transacciones de compra y venta de múltiples kilos de cocaína, consistió en proveer protección con armas de fuego a traficantes de droga. A cambio de sus servicios de protección y seguridad, los acusados recibieron entre $500 a $4,000 por transacción.
Los arrestos de hoy son el resultado del operativo “guardshack” denominado la investigación más garande en la historia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
En el mega operativo, en el que participaron aproximadamente 1,000 agentes del FBI, se arrestaron a un teniente y a un sargento de la Policía así como a otros 58 oficiales de la uniformada , 16 policías municipales, 12 oficiales del Departamento de Corrección, tres soldados de la Guardia Nacional , dos oficiales del Ejército de los Estados Unidos, siete ex oficiales de ley y orden, una oficial examinadora de ASUME, un empleado de la administración de Seguro Social y 30 civiles.
Durante una rueda de prensa en Puerto Rico en la que participó la fiscal María Dominguez, el Director del FBI Luis Fraticelli y el Superintendente de la Policía José Figueroa Sancha, entre otros se informó que la pesquisa fue iniciada en el 2008, cuando Figueroa Sancha era subdirector del FBI.
Las acusaciones son resultado de 125 transaccciones de drogas conducidas por el FBI en varias localizaciones en Puerto Rico desde julio de 2008 hasta septiembre de 2010.
La participación de los acusados durante estas transacciones de compra y venta de múltiples kilos de cocaína, consistió en proveer protección con armas de fuego a traficantes de droga. A cambio de sus servicios de protección y seguridad, los acusados recibieron entre $500 a $4,000 por transacción.
Minutos antes de que comenzara la rueda de prensa en Puerto Rico, el secretario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder participó una conferencia de prensa en Washington junto a la jefa de fiscalía en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
Los 133 acusados se exponen a sentencias mínimas de 10 años hasta cadena perpetua, según informó esta mañana la magistrada Camille Vélez Rivé.
Los imputados permanecerán detenidos en el Centro de Detención de Guaynabo (MDC, por sus siglas en ingles), luego de que Vélez Rivé, acogiera la petición del fiscal del caso, Courtney Coker. “Por la seriedad del caso y por el peligro que representan a la comunidad, pedimos que todos los acusados permanezcan detenidos”, solicitó Coker.
Además de Vélez Rivé, el magistrado Bruce McGiverin presidió una segunda vista con otro grupo de detenidos. Varios de ellos se mostraron compungidos durante el proceso. Mientras, que en los pasillos del Tribunal Federal los familiares de los acusados se mostraban llorosos.
Los acusados enfrentan cargos de conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína, intento de poseer con la intención de distribuir sustancias controladas, posesión de arma de fuego durante la comisión de un delito de tráfico de drogas y cargos de confiscación. En lo que constituye un nuevo golpe a la Uniformada, agentes federales diligenciaron los múltiples arrestos esta madrugada en varios pueblos de la Isla.
Los arrestos ocurren en momentos en que la Policía de Puerto Rico es eje de controversias por el comportamiento de agentes, a quienes se les imputan varios asesinatos ocurridos en las pasadas semanas. De hecho, hace unas semanas el gobernador, Luis Fortuño solicitó al Departamento de Justicia federal que extendiera la investigación que desarrollaban a las alegaciones recientes de brutalidad policíaca y violaciones de derechos civiles, al tiempo que nombró un monitor independiente para la Policía.
Precisamente ayer, fue acusado un sargento de la División de Drogas de la Policía por asesinar por la espalda a un joven en Las Piedras. Asimismo, se destaca la muerte de un pensionado en Ponce durante un allanamiento de la División de Drogas. Antes de eso, se suscitó el caso en el cual un agente mató a otro al darle un balazo en la espalda en hechos ocurridos el pasado jueves en Luquillo. También fue acusado un policía que mató a tiros a un joven atleta en Guaynabo.
Entre los casos de corrupción policíaca más relevantes en el Tribunal Federal figura el del convicto ex director de la División de Arrestos Especiales y Extradiciones, Miguel Flores Vázquez, quien fue sentenciado a 108 meses de prisión por utilizar su puesto para enriquecerse personalmente al ayudar a confinados a salir de la cárcel, con permisos temporeros y participando en actividades delictivas que incluían prestar seguridad y escolta a cargamentos de droga. Flores Vázquez, quien lideró el arresto del convicto Alexander Capó Carrillo, alias “Alex Trujillo”, fue acusado el 18 de diciembre del 2008 por un Gran Jurado junto a los agentes Daniel Nieves Sosa, Everlydis Torres, Heriberto Lebrón Casiano y José López Batista. Estos fueron sentenciados por el juez Francisco Besosa a entre 30 y 87 meses de prisión.
Mientras que, el 23 de agosto del 2007 fueron acusados por un Gran Jurado cinco policías de la División de Drogas y Vicios de Mayagüez por fabricar casos contra ciudadanos. Los agentes Pascual Santiago Menéndez, Anthony Domínguez Colón, Víctor Cortés Cabán y Luis Ruperto Torres fueron sentenciados por el juez federal Daniel Domínguez a 108 meses de prisión y tres años de probatoria. Un quinto policía acusado, Efraín Bey Arce fue encontrado no culpable.
José García García y su esposa Jacqueline Torres Cruz conspiraron para robar la droga de un narcotraficante para distribuirla y obtener ganancias personales. La pareja fue acusada el pasado 11 de febrero por un Gran Jurado junto a los policías Andrés Rivera Santos y Anthony Rivera Santos, quienes también se declararon culpables.
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