Los funcionarios públicos, sin importar rango o posición, están obligados constitucionalmente a rendir cuentas de sus ejecutorias, para demostrar mediante la declaración jurada los bienes que poseen al momento de ser nombrados o elegidos para algún cargo. El legislador así lo estipuló en la Carta Magna, para evitar corrupción en la administración pública; lo mismo debe hacer al dejar la colocación, pero la declaración jurada como otras leyes, está demás en la Constitución, pues pocos cumplen con ese mandato. La sociedad misma no exige se cumpla con dicho precepto constitucional y se hace de la vista gorda ante funcionarios electos y nombrados, que entran en olla al poder y salen tutumpotes, como diría Juan Bosch. Recientemente el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reina, dijo que sometería un proyecto de ley, para obligar a funcionarios militares y policiales a declarar sus bienes al ocupar funciones de importancia dentro de las mismas.
Balaguer justificó la corrupción oficial alegando que el tema no se podía batir mucho, no fuera a ser cosa se cayeran todos los santos de los altares y que la misma se detenía en la puerta de su despacho.Y nos preguntamos, ¿Para qué sirve la declaración jurada? ¿Evita el robo de los bienes público? ¿Impide que empresarios dividan en pequeños capitales sus empresas para evadir impuestos? ¿Que en la Policía vendan esquinas de transito? ¿Controla las fortunas que poseen oficiales de instituciones castrenses? ¿Qué tanto dinero reciben los jefes de policías y encargados departamentales para declarar tantos millones? ¿Heredados o macuteados?
Y finalmente, ¿Quién le da seguimiento a las declaraciones de bienes? Sabiendo de las argucias que se valen los poderosos, dudamos que la declaración jurada tenga éxito en el país, por lo menos, a la clase política nunca le ha interesado que el manejo de las cosas públicas se transparente, pues es la única magia para entrar pobrecitos al tren oficial y salir millonarios para siempre. Esta es la causa por lo que en los hospitales no encontramos medicinas, los pueblos sin carreteras y sin agua potable a las grandes ciudades. Es esta la desgracia que nos empobrece cada día más, mientras unos cuantos lo tienen todo y contra esto hay que luchar y protestar.
Someter leyes para exigir lo que ya está establecido, es otra tomadura de pelo a los dominicanos. Aplicar las que ya existen es lo que hace falta y que los de arriba tengan la suficiente dignidad para dar ejemplo de moralidad. No creemos que tenga que llegar un gobierno de fuerza de ninguna corriente ideológica para que les pregunte a civiles, militares y policiales, de dónde han sacado tanto dinero en tan poco tiempo, sólo tiene que haber voluntad política para terminar con la corrupción en el país.Un síndico que usa los recursos de los munícipes para provechos personales, familiares y colaboradores, no sólo debe recibir la repulsa de los contribuyentes, si no, ejemplarizadoras condenas de los tribunales.
Via: Alejandro Almanzar alex15958@MSN.com
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1 COMENTA AQUI:
Me gusto mucho la observacion de usted pero por mas que se haga este pais no va para ningun lado. Nuestro presidente es un narcotraficante y todos lo saben nadie hace nada y las pruebas de los narcos viviendo como principes aqui ya sobran. Balaguer y Trujillo mataban y robaban pero el pueblo no moria de hambre y enfermedades tan comunes como fiebre y gripe. Por eso el dia que pueda me largo de aqui.
yaaaaaaa
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